El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales -conocido como el Acuerdo de Escazú- es uno de los instrumentos regionales más recientes para avanzar en el acceso a la información, participación y justicia ambiental, y el primero a nivel global en incorporar disposiciones específicas para la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

En el contexto de la crisis climática actual,avanzar en la implementación de los derechos de acceso en materia ambiental, es una de las herramientas más importantes que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales pueden tener para impulsar la acción climática. Asimismo, asegurar un entorno propicio y seguro para quienes ejercen este rol, es un principio básico al que todos los Estados deben comprometerse para así evitar poner en riesgo la vida de las personas defensoras del medio ambiente.

En ese marco, en Escazú y Clima consideramos que el Acuerdo de Escazú es uno de los instrumentos regionales más relevantes para avanzar en el abordaje de estos dos temas: el acceso a la justicia ambiental y climática, y la protección de los derechos humanos ambientales.